La Historia no contada: Héroes Prohibidos
En Caso de los Cinco Cubanos Prisioneros del Imperio
En Caso de los Cinco Cubanos Prisioneros del Imperio
Por Ricardo Alarcón de Quesada
Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
Tienes que correr todo lo que puedas para mantenerte en el mismo lugar.”
A través del espejo, Lewis Carroll
¿Se acuerdan de Elián?
El caso de Elián González, un niño de seis años forzosamente retenido por desconocidos contra la voluntad de su padre y que en abierto desafío a la ley de los Estados Unidos y de la decencia, fue reportado ampliamente por los medios del mundo. El lugar del secuestro, Miami, se convirtió en un tipo de ciudad secesionista en Norte América, cuando el Alcalde, el jefe de la policía, los políticos, todos los periódicos y anunciadores de la radio y la televisión, junto a instituciones religiosas y empresariales, se unieron con algunos de los más notorios terroristas y grupos violentos para oponerse a la orden de los tribunales y del gobierno, que era liberar al niño.
Fue necesario enviar un equipo de fuerzas especiales desde Washington DC, que se lanzó en una operación subrepticia y rápida para ocupar varias casas, desarmar a individuos que estaban fuertemente armados y escondidos en el barrio, y salvar al niño y restaurar la ley. Todos siguieron la noticia. Día tras día.
Pero casi nadie sabía que, al mismo tiempo, en exactamente el mismo lugar -Miami- otros cinco jóvenes cubanos fueron arbitrariamente desposeídos de su libertad y sujetos a una gran injusticia.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998, y encarcelados por los próximos 17 meses en celdas de castigo. En solitario. La acusación principal contra ellos, como fue reconocida por los fiscales y el juez desde el acta acusatoria hasta el último día del juicio, fue que ellos habían, pacíficamente, sin armas, penetrado los grupos terroristas anticubanos con el objetivo de informarle a Cuba sobre sus planes criminales.
¿Era concebible que algún revolucionario cubano tuviera un juicio justo en Miami al enfrentarse con este tipo de acusación? ¿Pudiera eso ser posible durante el secuestro de Elián, con el ambiente de violencia, odio y temor que lo rodeaba?
De acuerdo con la Fiscalía, era perfectamente posible. En sus palabras, Miami es una “muy grande, diversa y heterogénea comunidad” capaz de tratar cualquier tema sensible, incluso los que involucran a la Revolución cubana. Los fiscales repitieron esa línea, cuando rechazaron más de diez mociones presentadas por los abogados defensores para cambiar la sede antes del comienzo del juicio.
El mismo gobierno que se vio obligado a tratar a Miami como una especie de ciudad rebelde y a enviar secretamente fuerzas para restaurar la legalidad, mintió repetidas veces sobre el tema de la sede, negándole a los acusados el derecho tan respetado por los americanos, y se rehusó a mover el proceso a la ciudad vecina de Fort Lauderdale, a media hora de Miami. Irónicamente, unos pocos años después, en el 2002, cuando el gobierno fue demandado civilmente en un caso administrativo de mucha menos valía, posteriormente resuelto por un acuerdo fuera de la Corte, y solamente indirectamente relacionado con el caso Elián, el gobierno pidió un cambio de sede a Fort Lauderdale, afirmando que era imposible que cualquier cosa relacionada con Cuba pueda ser juzgado justamente en Miami (Ramírez vs. Ashcroft, 01-4835 Civ-Huck, June 25, 2002).
Esta contradicción flagrante, prueba clara de una mala conducta de la Fiscalía, de prevaricación real, fue uno de los factores principales en los cuales se basó la decisión unánime del panel del Tribunal de Apelaciones, en 2005, para anular las condenas de los Cinco y ordenar un nuevo juicio. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087).
Esa histórica decisión fue posteriormente revocada por la mayoría del tribunal bajo presión del Fiscal General Alberto Gonzales en una acción contraria a la práctica normal del derecho en Estados Unidos.
La movida exitosa del Sr. Gonzales, una manifestación de su filosofía legal peculiar, cerró la posibilidad de una resolución justa para este caso que hubiese honrado a los Estados Unidos.
La decisión del panel, un documento sólido de 93 páginas que reseñaba hechos irrefutables sobre la guerra terrorista de medio siglo contra Cuba, sigue siendo un momento sobresaliente en la mejor tradición norteamericana y perdurará como un texto que analizarán con respeto académicos y estudiantes de Derecho.
Pero eso es otro capítulo en la larga saga de los Cinco.
En cuanto a Elián González, él está a punto de completar el preuniversitario y continúa atrayendo la atención de los medios extranjeros y los visitantes que van a Cárdenas, el precioso pueblo donde vive. Cuando ellos viajan hacia la casa de Elián, los sorprenden carteles que demandan la libertad de Cinco jóvenes que seguramente los visitantes no conocían hasta ese momento.
En las palabras de Leonard Weinglass:
“El juicio fue mantenido en secreto por los medios de prensa norteamericanos. Es inconcebible que el juicio más largo en los Estados Unidos hasta el momento en que este tuvo lugar fue cubierto solamente por la prensa local de Miami, particularmente cuando fueron llamados a testificar por la defensa generales y un almirante, así como un asesor de la Casa Blanca. ¿Dónde estaban los medios de prensa norteamericanos durante seis meses? No solo fue este el juicio más largo, sino también fue un caso que involucraba importantes asuntos de política exterior y terrorismo internacional. La pregunta se le debe hacer a los medios norteamericanos, que continúan negándose a cubrir un caso con tales violaciones de los derechos fundamentales, e incluso violaciones de los derechos humanos de los prisioneros.” (Respuesta de Leonard Weinglass, en el Foro organizado por www.antiterroristas.cu, el 12 de septiembre de 2003.)
A Elián lo salvó el hecho de que los norteamericanos conocieron el caso y se involucraron para que la justicia triunfara. Los Cinco siguen presos -11 años el próximo septiembre- víctimas de una terrible injusticia, porque a los norteamericanos no se les permite conocerlos.
Los Cinco son castigados cruelmente porque lucharon contra el terrorismo. Son héroes, pero son héroes prohibidos.
II. ¡PRIMERO LA SENTENCIA… EL VEREDICTO DESPUÉS!”
Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll
Habiéndose perdido el cambio de sede, el resultado del juicio de los Cinco ya estaba predeterminado. Siguió estrictamente la profecía de la Reina.
Los medios norteamericanos jugaron un papel muy importante en dos direcciones. Fuera de Miami un silencio total, como describió de forma muy apropiada el abogado Leonard Weinglass, en contraste con el papel que jugaron en el Condado de Dade, ofreciendo ambos, un show de impresionante disciplina.
Los medio locales no solo cubrieron el caso intensamente, sino que intervinieron activamente en él, como si fueran parte de la Fiscalía.
Los Cinco fueron condenados por los medios incluso antes de ser acusados.
Muy temprano en la mañana del sábado 12 de septiembre de 1998, cada medio de comunicación en Miami hablaba sin parar acerca de la captura de unos “terrible” agentes cubanos, “dispuestos a destruir los EEUU” (la frase que la Fiscalía adoraba y repetiría una y otra vez durante todo el proceso). “Espías entre nosotros”, fue el titular esa mañana.
Al mismo tiempo, a propósito, el jefe del FBI en Miami se encontraba con Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen, representantes de la vieja banda de Batista en el Congreso.
Una campaña de propaganda sin precedentes se lanzó contra cinco individuos que no podían defenderse, porque estaban completamente aislados del mundo exterior, día y noche, durante un año y medio, en lo que se conoce en la jerga de la prisión como “el hueco”.
Un circo de los medios ha rodeado a los Cinco desde su detención hasta ahora. Pero solo en Miami. En el resto de los lugares de los EEUU la dura situación de los Cinco solo ha recibido silencio. El resto delpaís no conoce mucho del caso, y se le mantiene en la sombra, como si todo el mundo aceptara que Miami -esa “comunidad muy diversa, y extremadamente heterogénea”, según la descripción del Fiscal- perteneciera efectivamente a otro planeta.
Esto podría haber sido una proposición razonable, si no fuera por algunos hechos vergonzosos que se han descubierto recientemente.
Algunas de las personas de los medios involucradas en la campaña de Miami -”periodistas” y otros-fueron pagados por el gobierno de los EEUU, figuraban en sus nóminas como empleados de la máquina de propaganda anticubana de la radio y la televisión, que ha costado muchos cientos de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.
Sin saberlo, los estadounidenses se vieron obligados a ser muy generosos, de hecho. Hay una larga lista de “periodistas” de Miami que cubrieron el juicio completo de los Cinco, y, al mismo tiempo, recibían jugosos cheques federales (para conocer más del “trabajo” de estos periodistas consultar el sitio www.freethefive.org).
La decisión de la Corte de Apelaciones en 2005 también brinda un buen resumen de la campaña propagandística, antes y durante el juicio. Esa fue una de las razones que llevó al panel a “anular los veredictos de culpabilidad y ordenar un nuevo juicio”. Miami no era un lugar para tener siquiera apariencia de justicia. Como dijeron los jueces “la evidencia presentada [ante el Tribunal de Miami] respaldando las mociones para cambio de sede fue masiva”. (Court of Appeals for the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087)
Vamos a aclarar algo. Aquí no estamos hablando acerca de periodistas, en el sentido que pueden estar pensando los estadounidenses fuera de Miami. Nos estamos refiriendo a los “periodistas” de Miami, que es algo muy diferente.
Su papel no era publicar las noticias, sino crear un clima que garantizara las condenas. Incluso convocaron manifestaciones públicas fuera de las oficinas donde se reunía la defensa y acosaron a los presuntos miembros del jurado durante la fase anterior al juicio. El tribunal en cuestión, mostró preocupación por la “enorme cantidad de solicitudes de preguntas a realizar durante la selección del jurado con antelación al momento de hacerlas, aparentemente con el objetivo de informar a los oyentes, incluidos los posibles miembros del jurado, acerca de las preguntas antes de que el tribunal las hiciera”.
Estamos hablando sobre un grupo de individuos que acosaron a los miembros del jurado, persiguiéndolos con cámaras, por las calles, filmando las chapas de sus autos y mostrándolas en televisión; los rastreaban hasta adentro del edificio de la Corte, hasta la puerta de la sala del jurado, durante los siete meses completos que duró el juicio, desde el primero hasta el último día.
La jueza Leonard más de una vez protestó y suplicó al gobierno que detuviera una mascarada tan deplorable. Lo estuvo haciendo desde el comienzo del juicio, en varias ocasiones, y hasta el final. No fue escuchada. (Transcripciones oficiles del juicio, p. 22, 23, 111, 112, 625, 14644-14646).
El gobierno no estaba interesado en celebrar un juicio justo. Durante el proceso de selección del jurado, la Fiscalía se dedicó a excluir a la mayoría de los miembros afro-estadounidenses, así como excluyó a los tres individuos que no mostraron tener fuertes sentimientos anticastristas.
Por esa fecha Elián González había sido rescatado, pero permanecía en las mentes de los miembros del jurado. Uno de ellos dijo durante la vista previa de los testigos: “Me preocuparía por la reacción que podría haber…no quiero que sucedan reyertas ni nada parecido a los sucesos del caso de Elián”. O citando a otro: “Si quieren saber la verdad…yo estaría hecho un manojo de nervios, tendría miedo por mi propia seguridad si no regresara con un veredicto de acuerdo con los intereses de la comunidad cubana”. En medio de esa atmósfera de miedo comenzó el mayor juicio hasta el momento en la historia estadounidense, y el que los grandes medios “decidieron” ignorar.
III. EL ROSTRO DE LA IMPUNIDAD
Como reconocieron durante la selección del jurado, el secuestro de Elián González y sus consecuencias para la comunidad estaba muy presente en las mentes de aquellos que serían jurados en el juicio a los Cinco Cubanos unos meses después de que el niño de seis años fuera rescatado por los federales.
Como todo el mundo, ellos habían seguido los hechos relacionados con Elián que saturaron las noticias. Las caras de los secuestradores, de sus promotores y seguidores, así como de otros involucrados en el escándalo se habían vuelto muy familiares para los miembros del jurado. Las caras, y dos detalles del drama de Elián con un carácter único y una conexión directa con el proceso de los Cinco Cubanos.
Primero, la desconcertante conducta de todos los funcionarios públicos de Miami, desde sus congresistas federales, el alcalde y los comisionados hasta los bomberos y los miembros de la fuerza policial, quienes abiertamente se negaron a obedecer la ley y no hicieron nada para ponerle fin al más publicitado caso de abuso infantil ocurrido alguna vez. Y, en segundo lugar, pero no por eso menos increíble, que nada le ocurrió a un grupo de individuos que de forma tan clara había violado a ley con el secuestro de un niño y la violencia y los disturbios que crearon en toda la ciudad cuando fue rescatado por el gobierno federal. Nadie fue procesado, arrestado, ni multado. Ninguna autoridad local fue destituida, sustituida, ni invitada a renunciar.
El caso Elián demostró que la impunidad anticastrista reina en Miami.
Cuando los jurados se sentaron por primera en la sala del tribunal para realizar su deber de ciudadanos ellos probablemente se sorprendieron. Ahí, en vivo, estaban las “celebridades de Miami” a las que ellos estaban tan acostumbrados a ver, día y noche, en la televisión local. Y estaban todos juntos, algunas veces sonriendo y abrazándose unos con otros, como viejos compinches. Los secuestradores y los encargados de “hacer cumplir la ley” en contubernio con los fiscales (esas valientes personas que nunca aparecieron cuando un pequeño niño estaba siendo molestado frente a los medios de prensa).
Los jurados pasaron siete meses en esa habitación mirando a, y siendo observados por las mismas personas tan familiares para ellos y que ahora estaban en el banco de los testigos, en el área del público o en la esquina de la prensa, las mismas personas que ellos van a encontrar frecuentemente en el parqueo, en la entrada del edificio, en los corredores. Algunos de vez en cuando mostrando orgullosamente el atuendo usado en su última incursión militar a Cuba.
Los jurados los escucharon explicar en detalles sus hazañas criminales y decir una y otra vez que ellos no estaban hablando del pasado. Fue un extraño desfile de individuos compareciendo ante una corte judicial y reconociendo sus acciones violentas contra Cuba que fueron planeadas, preparadas y emprendidas desde su propio vecindario.
Ahí, haciendo discursos, exigiendo el peor castigo, difamando y amenazando a los abogados de la defensa.
La jueza hizo lo que pudo para tratar de preservar la calma y la dignidad. Ella realmente le ordenó al jurado, muchas veces, que no considerara ciertos comentarios inapropiados, pero haciendo eso no podían borrarse de las mentes de los jurados sus efectos perjudiciales y aterradores.
Las consecuencias fueron obvias. La decisión del panel de la Corte de Apelaciones lo planteó en términos muy claros: “la evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no sólo de los acusados, sino también de varios grupos de exilados cubanos y de sus campos paramilitares que continúan operando en el área de Miami… La percepción de que estos grupos podían inferir daños a los jurados que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era palpable”. (Undécimo Circuito del Tribunal de Apelaciones, No. 01-17176, 03-11087)
Pero hubo más. Después de oír y de ver la abundante evidencia de actos de terrorismo que los acusados habían tratado de evitar, el Gobierno tuvo éxito en defender a los terroristas al lograr que la Corte inexplicablemente estuviera de acuerdo en quitarle al jurado el derecho de exonerar a los Cinco sobre la base del derecho de necesidad que era la base de su defensa.
El corazón de la cuestión, en este caso, fue la necesidad de Cuba de proteger a su pueblo de los intentos criminales de los terroristas que gozan de total impunidad en territorio de los EE.UU. La ley en los Estados Unidos es clara: si se actúa para prevenir un daño mayor, incluso si él/ella viola la ley en el proceso, estará exento de cualquier incriminación porque la sociedad reconoce la necesidad, incluso los beneficios, de ejecutar esa acción.
Estados Unidos, única superpotencia mundial, ha interpretado este principio universal para llevar la guerra a tierras lejanas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Pero al mismo tiempo, se negó a reconocerlo para cinco hombres desarmados, pacíficos, no violentos que, en nombre de un país pequeño, sin causar daño a nadie, trataron de evitar las acciones ilícitas de delincuentes que han encontrado refugio y apoyo en los EE.UU.
El gobierno de EE.UU., a través de los fiscales de Miami, fue aún más lejos, hasta lo último, para ayudar a los terroristas. Lo hicieron muy abiertamente, por escrito y con discursos apasionados que curiosamente no se consideran de interés periodístico.
Eso sucedía en el año 2001. Cuando los fiscales del Sur de la Florida y el FBI local estaban muy ocupados castigando duramente a los Cinco y ofreciendo protección a “sus” terroristas, los criminales que ejecutaron el ataque del 11 de Septiembre se estaban entrenando, sin ser molestados y desde hacía bastante tiempo, en Miami. Debieron tener una razón de peso para preferir ese lugar.
IV. EN SUS PROPIAS PALABRAS
Las desproporcionadas condenas impuestas a los Cinco Gerardo Hernández Nordelo (2 cadenas perpetuas mas 15 años), Ramón Labañino Salazar (1 cadena perpetua mas 18 años), Antonio Guerrero Rodríguez (1 cadena perpetua mas 10 años), Fernando González Llort (19 años), y René González Seheweret (15 años) contrastan claramente con las que se han aplicado en años recientes en los EEUU a otras personas acusadas por practicar realmente el espionaje, a veces a escalas inusuales, e incluso en algunos casos vinculadas a acciones armadas violentas en contra de los EEUU. Ninguno de ellos fue condenado a cadena perpetua; todos recibieron sentencias inferiores a las de los Cinco cubanos, algunos ya incluso cumplieron sus sentencias y se encuentran en libertad, y otros, condenados por espionaje, les han sido retirados los cargos por la administración de Obama y han sido liberados.
La naturaleza excesiva de las sentencias de los Cnco constituye una muestra de la motivación política vengativa de todo el juicio, como también lo son las condiciones de su encarcelamiento, incluyendo los muy severos obstáculos para las visitas familiares, que llegan al extremo de haber negado todo el tiempo las visas a las esposas de René y Gerardo.
Sin embargo, hay un aspecto todavía más revelador que demuestra que el propósito del gobierno estadounidense era dar refugio y proteger a los terroristas anti-cubanos, para evitar que se descubrieran sus siniestros planes, convirtiéndose así en cómplice y encubridor de sus futuras atrocidades.
Para la administración Bush, esto era tan importante o más, que los desproporcionados años de encarcelamiento. Esto fue lo que la fiscalía dijo, de manera vehemente y en términos bastante gráficos, cuando solicitó al Tribunal un castigo adicional: la “inhabilitación”.
¿Qué significa esto? En sus propias palabras, para el gobierno era esencial asegurar que estos 5 individuos, luego de cumplir sus condenas, nunca más pudieran hacer nada que pudiese afectar las actividades de los terroristas que operan en Miami bajo la protección del gobierno estadounidense. Para garantizar esto, los fiscales solicitaron, y el tribunal les concedió, disposiciones especiales en cada sentencia, asegurándose de que, luego de completar su período de encarcelamiento, incluso una o más cadenas perpetuas, los acusados queden imposibilitados de hacer aquello que los llevó a la cárcel.
Gerardo, Ramón y Fernando nacieron en Cuba, y como extranjeros indeseables, una vez terminado su tiempo en prisión serán expulsados inmediatamente del territorio estadounidense. Esto fue específicamente incorporado en cada una de sus sentencias, incluida la de Gerardo, que luego de pasar en prisión 15 años de su segunda vida será inmediatamente deportado. (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, página 93).
René y Antonio planteaban un problema particular. Habiendo nacido en Chicago y Florida, respectivamente, ambos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento, y no pueden ser obligados a abandonar el país. Esto requirió de ideas más imaginativas y de una inspirada retórica por parte de los fiscales, que hicieron gala de ambas.
Era necesaria una explicación más franca y precisa de la “inhabilitación”. Primero vino René, sentenciado “solo” a 15 años. Los fiscales expresaron sin rodeos su grave preocupación con la posibilidad de que un hombre todavía joven, fuera liberado y volviera a intentar hacer de nuevo lo que una vez hizo. El Tribunal, en atención a la preocupación del gobierno, añadió este peculiar requisito a la sentencia de René: “Como una condición especial adicional a la liberación supervisada se le prohíbe al acusado asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas, miembros de organizaciones que propugnan la violencia o figuras del crimen organizado” (Transcripción de la Audiencia para las Sentencias ante la Honorable Joan A. Lenard, 12 de diciembre de 2001, páginas 45-46).
Entonces llegó el turno de Antonio Guerrero, que ya había recibido una cadena perpetua más 10 años en prisión. Los fiscales tuvieron que emplear todos los recursos de su elocuencia. Para el gobierno la “inhabilitación” era de vital importancia. No podía correr riesgos, y cuando Antonio se enfrentó al Tribunal el 27 de diciembre de 2001, se le añadió a su sentencia, palabra por palabra, la misma “condición especial” impuesta previamente a René.
Todo esto sucedió en diciembre de 2001, solo 3 meses después del horror del 11 de septiembre. Desde ese fatídico día, George W. Bush se hizo famoso exigiendo una guerra masiva contra los terroristas y contra cualquiera que les diera cualquier tipo de ayuda. Solo una cita de su reiterativo discurso: “Cualquier gobierno que apoye, proteja o refugie a terroristas será cómplice en el asesinato de inocentes, e igualmente culpable de crímenes terroristas”.
Tenemos que tomarle la palabra a George W. Bush.
P.D. En octubre de 2011 René González habrá cumplido su condena si la defensa no logra sacarlo antes. En cualquier caso, él estará bajo libertad supervisada durante la actual administración. ¿Intentará el presidente Obama “inhabilitarlo”? ¿Se le prohibirá a René hacer cualquier cosa que moleste a los terroristas donde “se sabe que están o frecuentan”?
V. “ESPÍAS” SIN ESPIAR
La primera acta acusatoria, en septiembre de 1998, inculpaba a los cinco cubanos de ser agentes de Cuba no registrados y de otras violaciones menores. El gobierno también acusó a tres de ellos -Gerardo, Ramón y Antonio- de “conspiración para cometer espionaje” (Cargo 2).
La Fiscalía no acusó a ninguno de ellos de espionaje en sí por una razón muy simple: no existió nada semejante y por lo tanto nunca pudiera ser probado. Los fiscales fueron aún más lejos. En su declaración inicial advirtieron al jurado que no esperara que ellos revelaran ningún secreto ni nada por el estilo. Lo único que tenía que hacer la Fiscalía era “convencer” a los miembros del jurado que los acusados eran personas realmente malas capaces de concebir un intento de poner en peligro la Seguridad Nacional de los Estados Unidos en algún momento de un hipotético futuro. Y, argumentaron, que los acusados tenían que recibir el castigo más severo posible, porque eran unos tipos verdaderamente malos que perturbaban la paz y la tranquilidad de Miami. ¿Recuerdan a Elián?
Para lograr ese objetivo los fiscales, a pesar de lo que su propia acusación decía, hicieron en el juicio declaraciones del tipo más violento, acusando a los Cinco de nada menos que tratar de “destruir a los Estados Unidos” y recordándoles a los atemorizados miembros del jurado que si no los condenaban estarían “traicionando a la comunidad”.
Los medios de comunicación se encargaron del resto. Ellos siempre han presentado a los Cinco Cubanos como “espías”, o como personas acusadas de ser “espías”. Los medios realmente se excedieron en el cumplimiento de su tarea. Siguieron repitiendo la misma cantinela, incluso después de que la Corte de Apelaciones en banc concluyó unánimemente en septiembre de 2008 que no había pruebas de que los acusados hubieran “obtenido o transmitido información secreta” o de que hubieran dañado la Seguridad Nacional de los Estados Unidos y por lo tanto decidió que las sentencias por el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) eran erróneas, las anuló y decretó que Ramón y Antonio fueran resentenciados. (Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones, No. 01-17176, DC, Docket No. 98-00721-CR-JAL , páginas 70-81).
Sin embargo, a pesar de reconocer que el mismo procedimiento debía aplicarse a Gerardo, en un increíble acto de discriminación judicial, el tribunal se negó a hacerlo aduciendo que una cadena perpetua ya estaba pesando en su contra.
De hecho, era muy fácil darse cuenta de que en este caso no estaba involucrada ninguna información secreta o militar, y que la seguridad nacional de los EE.UU. nunca estuvo afectada. Eso fue lo que dijo el Pentágono, en un lenguaje claro y sencillo antes de que comenzara el juicio. Ese fue el testimonio, bajo juramento, del almirante retirado Eugene Carroll (transcripciones oficiales, páginas 8196-8301), del general de Ejército retirado Edward Breed Atkeson (Idem páginas 11049-11199), del general y ex comandante del Comando Sur Charles Elliot Wilhelm (Idem páginas 11491-11547), y del teniente general retirado de la Fuerza Aérea James R. Clapper (Idem páginas 13089-13235).
Sus testimonios no fueron secretos, sino que fueron hechos voluntariamente en audiencia pública. Probablemente un desfile como ese, de distinguidos y condecorados jefes militares respaldando la inocencia de unos jóvenes revolucionarios cubanos, no había ocurrido anteriormente ante un tribunal de los Estados Unidos. Esto no fue noticia fuera de Miami, pero las transcripciones oficiales del juicio están ahí para el que quiera leerlas.Desde que los Cinco fueran condenados han tenido lugar otros casos, cuyos resultados contrastan claramente con el de ellos. Vamos a examinar muy brevemente algunos.
Khaled Abdel-Latif Dumeisi, acusado de ser un agente no registrado del gobierno de Saddam Hussein. Fue condenado en abril de 2004, en medio de la guerra de Estados Unidos contra Irak, a 3 años y 10 meses de prisión.
Leandro Aragoncillo fue hallado culpable en julio de 2007 de transmitir información secreta de defensa nacional de los Estados Unidos (alrededor de 800 documentos clasificados) obtenidos desde su oficina en la Casa Blanca, donde trabajaba como asistente militar de los vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney. El Sr. Aragoncillo fue condenado a 10 años de prisión, mientras que su co-conspirador,
Michael Ray Aquino, recibió una sentencia de 6 años y 4 meses.
Gregg W. Bergersen, un analista del Departamento de Defensa, fue hallado culpable en julio de 2008 de suministrar información de defensa nacional a personas no autorizadas a cambio de dinero y regalos, y fue sentenciado a 4 años y 9 meses de prisión.
Lawrence Anthony Franklin, un coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de EE.UU., que trabajaba en el Departamento de Defensa, fue hallado culpable de entregar información clasificada y de defensa nacional, incluyendo secretos militares, a representantes de un gobierno extranjero y fue sentenciado a 12 años y 7 meses de prisión. Sin embargo, nunca entró a una prisión federal. Estaba en libertad mientras apelaba y en mayo pasado el Departamento de Justicia retiró los cargos que sustentaban su caso.
Está de más decir que ninguno de los casos referidos anteriormente fue juzgado en el sur de la Florida, ni involucraba ningún intento de frustrar planes criminales.
Los Cinco recibieron, en conjunto, cuatro cadenas perpetuas más 77 años. Ellos no trabajaban en la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni en el Departamento de Estado. Nunca tuvieron ni trataron de tener acceso a información secreta alguna. Pero hicieron algo imperdonable. Lucharon contra el terrorismo anticubano y lo hicieron en Miami.
VI. ACUSACIÓN À LA CARTE
Más de siete meses después de que los Cinco fueran arrestados y acusados el Gobierno de Estados Unidos presentó un nuevo cargo. También fue de “conspiración”, pero esta vez para cometer asesinato en primer grado y fue presentado específicamente contra uno de los Cinco, Gerardo Hernández Nordelo.
La nueva acusación apareció después de una campaña pública en Miami promovida activamente por “periodistas” en la nómina del Gobierno norteamericano, que incluía reportes acerca de reuniones en lugares públicos donde participaban líderes bien conocidos del exilio cubano, fiscales de Estados Unidos y funcionarios del FBI, en las que se discutía abiertamente la acusación contra Gerardo. Esta se convirtió en un clara demanda de los grupos más violentos de la ciudad y fue el
centro de atención de los medios locales.
El Gobierno accedió al reclamo e introdujo una Segunda Acta Acusatoria Sustitutiva cuya diferencia esencial era la adición de este “crimen” a la lista de cargos contra Gerardo. Esto fue una concesión política a los terroristas anti-cubanos, que buscaban venganza por el derribo por parte de la Fuerza Aérea Cubana, el 24 de febrero de 1996 de dos aviones (Modelo O2 utilizado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, primero durante la guerra en Vietnam y después en El Salvador, como era concretamente el caso con estos dos), piloteados por miembros de un violento grupo anti-cubano, un hecho que había tenido lugar dos años antes de que los Cinco fueran detenidos, cuando esas avionetas estaban dentro del espacio aéreo cubano.
De hecho, el momento escogido era muy sospechoso. DE acuerdo con la información suministrada por el Gobierno en el juicio, el FBI había descubierto la naturaleza real de la misión revolucionaria de Gerardo en Miami y controlaba sus comunicaciones con la Habana al menos desde un par de años antes del derribo de las avionetas. Si ese incidente fue el resultado de una “conspiración”, en la cual Gerardo fue un participante clave, ¿por qué él no fue arrestado en 1996? ¿Por qué este tema no fue ni siquiera mencionado en septiembre de 1998 cuando fue detenido y acusado por primera vez?
Las avionetas pertenecían a un grupo liderado por José Basulto, un veterano agente de la CIA involucrado en muchas acciones paramilitares desde 1959, incluida la invasión de Bahía de Cochinos y una serie de intentos de asesinato a Fidel Castro. En los 20 meses que precedieron al incidente, este grupo había penetrado el espacio aéreo cubano en 25 ocasiones, cada una de ellas denunciada por el gobierno cubano. Después de muchas gestiones diplomáticas el gobierno de Estados Unidos quiso parecer receptivo. Inició una investigación acerca de esos vuelos, solicitando la ayuda de Cuba en la entrega de detalles de provocaciones previas, acusando recibo de los mismos y agradeciéndole por ello. El 24 de febrero de 1996 tales procedimientos administrativos no habían sido completados, pero más tarde al Sr. Basulto le fue retirada su licencia de piloto por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) y no puede volar más (al menos legalmente).
Los provocadores habían anunciado descaradamente que iban a continuar realizando vuelos ilegales dentro del espacio aéreo cubano e incluso proclamaron que la isla, que estaba en ese momento sufriendo su peor crisis – peor en términos económicos, que la Gran Depresión, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas – no era capaz de responder a sus incursiones ilegales. En enero, el Sr. Basulto llevó con él un equipo de televisión de la NBC desde Miami que filmó y trasmitió como ellos sobrevolaban el centro de la ciudad de la Habana lanzando propaganda y otros materiales. Cuba hizo pública su decisión de no tolerar más tales provocaciones, envió las notificaciones apropiadas a quienes correspondía, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado y la FAA, que a su vez advirtió a Basulto y su grupo que debían abstenerse de tales vuelos.
La supuesta “conspiración” fue en si misma un estupidez monumental, incomprensible para cualquier mente racional. La hipótesis era que el gobierno cubano había decidido provocar una guerra total con Estados Unidos, una confrontación militar que obviamente hubiera resultado en un terrible golpe no solo para el gobierno cubano, sino para toda la nación y su pueblo. En cualquier crimen la motivación es siempre un factor clave, una señal decisiva. ¿Cuál podría haber sido la motivación de Cuba para provocar un evento de ese tipo precisamente en ese momento, 1996, el de más riesgo para la supervivencia de nuestro país, sin aliados ni amigos en un mundo y un hemisferio bajo el control total de Estados Unidos?
Cuba hizo exactamente lo contrario. Denunció una y otra vez cada provocación a la FAA y a la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI, la institución vinculada a Naciones Unidas que se encarga de estos asuntos) y envió decenas de notas diplomáticas al Departamento de Estado. Pero Cuba fue más allá. Hizo su mayor esfuerzo para llegar al más alto nivel de la administración norteamericana, la Casa Banca, tratando de prevenir más incidentes.
El número de enero de 1998 de la revista The New Yorker dedicado a Cuba en ocasión de la visita del Papa incluyó un artículo serio en el que se puede encontrar un recuento bastante objetivo de esos esfuerzos de Cuba. (Carl Naguin, Annals of Diplomacy Backfire, The New Yorker, January 26, 1998, http://www.newyorker.com/archive/1998 )
Sí, hubo una conspiración para provocar la tragedia del 24 de febrero de 1996. Pero fue un trabajo total y exclusivo de los mismos grupos de Miami que han desencadenado una campaña terrorista de medio siglo contra Cuba, la misma cuadrilla que más tarde secuestraría a Elián González, un niño de 6 años. Hechos de los cuales ellos siempre han salido impunes.
VII. SUCEDIÓ EN MIAMI
La Corte de Distrito del Sur de la Florida no es un tribunal internacional, ni tampoco un organismo de Naciones Unidas que tenga jurisdicción en asuntos que afecten las relaciones entre países. Tiene un deber muy específico, que es establecer si un determinado acusado es culpable o no de un cargo concreto. Al instruir al jurado en el caso de Gerardo Hernández, la Corte evocó el lenguaje de la acusación del Gobierno:
“El Cargo 3 refiere que el acusado Gerardo Hernández conspiró con otras personas para perpetrar un asesinato, es decir, la muerte sin justificación legal de seres humanos con intención criminal y premeditación en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.” (Trascripción del juicio ante la Honorable Joan A. Lenard, Junio 4, 2001, Págs. 14587 – 14588) La Jueza Lenard señaló que Gerardo: “Puede ser encontrado culpable de ese delito solamente si todos los hechos siguientes son probados más allá de cualquier duda razonable:
Primero. Que las víctimas nombradas en la acusación están muertas. Segundo. Que el acusado causó la muerte de las víctimas con intención criminal.
Tercero. Que el acusado lo hizo con premeditación. Cuarto. Que el asesinato ocurrió dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos” (Ídem Págs. 14598 – 14599).
Y amplió más adelante:
“Matar con intención criminal significa matar a otra persona deliberada e intencionalmente… Se requiere adicionalmente matar con premeditación para probar la intención criminal y poder establecer el delito de asesinato en primer grado. La premeditación está típicamente asociada con el asesinato a sangre fría y requiere de un período de tiempo en el cual el acusado delibere o piense acerca del asunto antes de actuar.
Debe haber pasado suficiente tiempo, para que el asesino después de su intento de asesinar, esté completamente conciente de su intención. A ustedes se les ha instruido que el lugar del supuesto asesinato, como se describe en el acta acusatoria, si ustedes fallan más allá de cualquier duda razonable que ese delito ocurrió ahí, sería dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.” (Idem Págs. 14599 – 14600).
Tal crimen nunca ocurrió. Durante siete meses de juicio los fiscales no pudieron presentar ninguna evidencia que implicara a Gerardo en los trágicos sucesos del 24 de febrero de 1996, ni pudieron demostrar, “más allá de una duda razonable”, la localización exacta del incidente – algo que ya los expertos de la OACI no habían podido determinar.
Debe señalarse, sin embargo, que los radares cubanos mostraron claramente que el derribo tuvo lugar bien adentro de nuestro territorio, que los únicos restos fueron hallados muy cerca del Malecón de la Habana y que la guardia costera de Estados Unidos, al no poder encontrar nada en aguas internacionales, solicitó oficialmente el 25 de febrero a través del Departamento de Estado permiso a Cuba para buscar dentro de nuestras aguas territoriales. Los medios locales – los mismos “periodistas” pagados por el gobierno que habían fabricado la acusación en el Cargo 3 – se pusieron nerviosos e incluso anunciaron un inminente fracaso.
Unos días antes, tan pronto como la jueza le dio a conocer a las partes sus instrucciones al jurado, los fiscales hicieron algo que ellos mismos describieron como “un paso sin precedentes de petición” – a la Corte de Apelaciones – “de una orden inhibitoria” porque “a la luz de las pruebas presentadas en este juicio, esto [las instrucciones al jurado] constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso y probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo”.(Petición de Emergencia de una Orden Inhibitoria, Mayo 30, 2001, Págs. 4 y 21).
Después de reconocer de nuevo que la instrucción “impone una barrera insuperable a esta fiscalía” el gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones decidir urgentemente: “Que a la corte de distrito se le ordene instruir al jurado que no es necesario que el jurado halle que el acusado Hernández o sus co-conspiradores en el cargo 3 de la acusación acordaran que los asesinatos ocurrieran en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos.”
“Que a la corte de distrito se le prohíba dar las pautas de la instrucción al jurado sobre asesinato en primer grado e instruir al jurado que debe hallar que el acusado Hernández conspiró para cometer asesinato premeditado.” (Ídem, Pag. 39).
La Corte de Apelaciones rechazó la petición de emergencia y en consecuencia la jueza de distrito mantuvo sus instrucciones como se citan anteriormente.
Algunos en el equipo de defensa estaban celebrando regocijados una victoria que fue pronosticada incluso por los fiscales.
Pero al jurado le tomó unos pocos minutos, sin hacer ninguna pregunta, hallar a Gerardo culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado en la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos, un “crimen” que él no cometió y que los fiscales trataron desesperadamente de retirar.
Sucedió en Miami. Si allí es normal secuestrar con impunidad a un niño de seis años, ¿por qué sería difícil condenar a un joven por un “crimen” que no ocurrió?
